Los responsables de la propuesta, durante la presentación. Foto: Junta de Andalucía.
Las Consejerías de Salud y de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía han firmado un Protocolo General de Actuación con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) para el desarrollo de programas destinados a la promoción, la protección y la prevención de los riesgos para la salud de las personas pertenecientes a clubes o asociaciones deportivas, así como de futbolistas, entrenadores y árbitros durante la práctica deportiva.
Asimismo, el acuerdo prevé la puesta en marcha de programas para la prestación de asistencia sanitaria en los casos y situaciones en que se determine así como para el desarrollo de buenas prácticas deportivas tendentes a luchar contra la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el fútbol. Con estos fines, han rubricado este acuerdo marco el los consejeros de Salud, Aquilino Alonso, y de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el Presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera.
Gracias a este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, se avanzará en el trabajo conjunto que ya se viene realizando entre ambas consejerías y con la Federación Andaluza de Fútbol, ha opinado Aquilino Alonso, quien se ha mostrado convencido de que «este marco de colaboración nos permitirá mejorar nuestras capacidades para seguir avanzando en resultados en salud y en garantías del derecho a la protección de la salud de la población andaluza». El consejero ha señalado también «el importante papel de esta colaboración al haberse configurado la actividad física como uno de los pilares fundamentales de la salud en todas las edades y ser una de las líneas priorizadas en la labor del gobierno de la Junta de Andalucía».
En este sentido, ha señalado que así está recogido en la Ley de Salud Pública de Andalucía, la Ley de Salud de Andalucía, el IV Plan Andaluz de Salud, la Ley del Deporte de Andalucía y el anteproyecto de Ley para una vida saludable y una alimentación equilibrada, recientemente aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Alonso ha querido agradecer a la Federación Andaluza de Fútbol su «implicación constante en la promoción del deporte como herramienta de salud y educación en valores». En la misma línea, ha destacado la colaboración existente en cuanto a la extensión de la formación en soporte vital básico y el uso de desfibriladores semiautomáticos en los estadios de fútbol, herramientas que han demostrado ser muy efectivas en la prevención de muertes por eventos cardíacos en espacios públicos con gran afluencia de personas. En la actualidad, se contabilizan 511 desfibriladores semiautomáticos en instalaciones deportivas, el 32% de todos los registrados en Andalucía, que son 1.616.
Derecho universal
Por su parte, Francisco Javier Fernández ha incidido en que la firma de este protocolo responde a los principios recogidos en la citada Ley del Deporte de Andalucía -aprobada recientemente por unanimidad en el Parlamento-, un texto que reconoce la práctica de esta actividad como un derecho universal de la ciudadanía basado en cuatro pilares: la promoción de la salud, la seguridad, la educación en valores y la calidad.
En este sentido, el consejero de Turismo y Deporte ha asegurado que el acuerdo permite abordar estos aspectos desde una «perspectiva multidisciplinar» y «transversal». Además, ha apuntado que la Federación Andaluza de Fútbol es el «mejor aliado», ya que se constituye como «un gran proyector para desarrollar estos objetivos» por la capacidad de atracción de este deporte en España.
Para cada uno de los programas de actuación previstos se firmarán a su vez convenios específicos, donde se expondrá el alcance y los contenidos de cada uno, en el marco de Protocolo General de Actuación.
Además, para su buen desarrollo se contará con la colaboración de las entidades públicas o privadas que se considere necesario y para garantizar el seguimiento y cumplimiento de las actuaciones que se deriven de los programas previstos, se creará una Comisión de Seguimiento integrada por una persona de cada una de las partes, que se reunirá periódicamente. Entre sus funciones está la de coordinar las actuaciones previstas; preparar los convenios de desarrollo; realizar una evaluación periódica de los resultados; velar por la ejecución de los objetivos propuestos; proponer cuantas medidas estime conveniente para el mejor cumplimiento del Protocolo y resolver cualquier cuestión relativa a su interpretación o modificación.
